El Gobierno convocó a una audiencia pública para discutir el aumento de las tarifas de luz, que ya había anticipado que será del orden del 20%.

La suba en las boletas llegará a los usuarios residenciales no antes de marzo, y los técnicos del Frente de Todos esperan aplicar la primera etapa de la segmentación de tarifas, con criterios que todavía no están del todo aceitados.

El llamado de la Secretaría de Energía y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) es para el jueves 17 de febrero a partir de las 8.

En ese acto se debatirán los números de toda la cadena de la energía eléctrica: el Precio Estacional (PEST) mayorista, por el cual se definen los subsidios; el transporte nacional y la distribución metropolitana, segmentos regulados.

A diferencia de las dos audiencias públicas por separado que convocó el Gobierno para el gas natural, en este caso se ve una mayor coordinación oficial entre el secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo Richards.

La interventora del ENRE, María Soledad Manín, es una funcionaria de confianza de éste último. Los tres presidirán la audiencia, que estará dividida en partes.

ESCENARIO

En horas claves para la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo central será ver cómo se desenvuelve el Gobierno para bajar los subsidios energéticos, que se reduzca el déficit fiscal y se recorte la emisión monetaria, motivos que -según la teoría clásica (ortodoxa) de la economía- terminan acelerando la inflación.

El 2021 habría cerrado con subsidios energéticos por el equivalente en pesos a casi 11.000 millones de dólares, o un 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB); y las consultoras privadas ya se arriesgan a estimar entre u$s 12.000 y u$s 15.000 millones las subvenciones de este año.

Los supuestos macroeconómicos con los que trabaja el oficialismo son los mismos que los elaborador por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el proyecto de Presupuesto 2022, que la Cámara de Diputados rechazó en noviembre:

Sobre esas cifras, el Gobierno les pidió a Edenor, Edesur, Transener y el resto de las transportistas provinciales de energía que elaboren sus planes de inversiones y también las proyecciones financieras de sus negocios.

LA HISTORIA

El año pasado, el incremento fue de 21% en el Costo Propio de la Distribución (CPD) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que significó una suba de 9% en las boletas a partir de mayo.

En el Interior, en cambio, los aumentos superaron el 30%, ya que las compañías tienen regulación provincial en vez de nacional.

Previamente, en abril, el Gobierno había aplicado un alza de 3% en todo el país en abril, para financiar el Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE). Por lo tanto, el incremento final en la Ciudad y el Gran Buenos Aires fue de 12%.

En la audiencia pública de 2021, Edenor y Edesur habían informado que tenían un déficit operativo de $ 55.000 millones en conjunto, que debería ser financiado a través de las tarifas que cobran a los usuarios o mediante ingresos del Tesoro.

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