El fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Horacio Azzolín, dictaminó en favor de ordenar la apertura de una aplicación de mensajería de un teléfono celular Iphone 11 Pro Max.

La medida obliga a su propietaria –procesada con prisión preventiva por almacenamiento de estupefacientes- a desbloquear el ingreso al dispositivo con el iris o el reconocimiento facial.

La orden judicial intenta el acceso de los investigadores a la aplicación Wickr Me, para profundizar la pesquisa en torno a los 500 kilos de marihuana y 5 kilos cocaína hallados en su poder el 18 de marzo pasado en una vivienda de la vecina de Bahía Blanca.

Da Silva había dispuesto la medida compulsiva, pues en primer lugar requirió la voluntad de la imputada -quien se negó a prestar colaboración- para la apertura de la aplicación.

Pero antes de ejecutar la medida compulsiva, los investigadores hallaron el código para el desbloqueo del dispositivo en una agenda y lograron acceder a su contenido. Sin embargo, les fue imposible el acceso a la aplicación de mensajería, pues se encontraba protegida con los datos biométricos de la imputada.

En su momento, la Cámara Federal sostuvo que en medidas de prueba como las analizadas, "todo imputado puede ser obligado compulsivamente a la utilización de su cuerpo para la extracción de datos de interés para la causa, en tanto aquellas no impliquen de ninguna manera, una injerencia tal en el cuerpo que redunde en un trato degradante o humillante, sean dañosas para la salud o produzcan sufrimientos innecesarios, y no guarden una adecuada razonabilidad y proporcionalidad como sostén de la pertinencia de la medida de prueba ordenada para actuar compulsivamente sobre el cuerpo del imputado".

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