La reforma de la Ley de Alquileres entró en un “limbo” legislativo. A fines de marzo, el oficialismo y la oposición habían acordado debatir durante 30 días diferentes proyectos en la comisión de Legislación General para poder sancionar durante mayo una nueva ley. A pocos días de que termine el mes, el panorama es incierto y no hay fecha para llevar el tema al recinto.

Hace dos semanas, tras varias jornadas de discusión y de exposición por parte de representantes de los inquilinos, los corredores inmobiliarios y especialistas en la materia, los principales espacios políticos no llegaron a ningún acuerdo y firmaron tres dictámenes diferentes en la comisión de Legislación General.

El Frente de Todos tenía mayoría e impulsó un proyecto que no altera los dos puntos más cuestionados por la oposición: los contratos de tres años y la actualización anual en base a un promedio de inflación y salarios. Juntos por el Cambio sacó un dictamen de minoría donde planteaba que los contratos de alquiler vuelvan a ser de dos años -con la opción de una renovación de un año extra- y que la actualización sean “por intervalos no menores a seis meses” en base a un mecanismo que se acordará entre las partes al momento de firmar. Finalmente, Graciela Camaño, del Interbloque Federal, sostuvo una postura intermedia: volver a los contratos de dos años y actualización libre acordada entre las partes pero con topes (inflación).

El proyecto del Frente de Todos, por ser el de mayoría, sería el primero en ser votado en el recinto si se convoca a una sesión. Pero como no tiene los votos para aprobarlo, es probable que esto siga demorándose. A su vez, la iniciativa del oficialismo también incluye incentivos fiscales para fomentar que más propietarios ofrezcan sus viviendas en el mercado. Por ejemplo, propone que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen general cuando superen las tres “unidades ejecutoras” si alguna de ellas está destinado a alquiler y que no paguen Bienes Personales si son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos.

La reforma de la Ley de Alquileres entró en un “limbo” legislativo. A fines de marzo, el oficialismo y la oposición habían acordado debatir durante 30 días diferentes proyectos en la comisión de Legislación General para poder sancionar durante mayo una nueva ley. A pocos días de que termine el mes, el panorama es incierto y no hay fecha para llevar el tema al recinto.

Hace dos semanas, tras varias jornadas de discusión y de exposición por parte de representantes de los inquilinos, los corredores inmobiliarios y especialistas en la materia, los principales espacios políticos no llegaron a ningún acuerdo y firmaron tres dictámenes diferentes en la comisión de Legislación General.

El Frente de Todos tenía mayoría e impulsó un proyecto que no altera los dos puntos más cuestionados por la oposición: los contratos de tres años y la actualización anual en base a un promedio de inflación y salarios. Juntos por el Cambio sacó un dictamen de minoría donde planteaba que los contratos de alquiler vuelvan a ser de dos años -con la opción de una renovación de un año extra- y que la actualización sean “por intervalos no menores a seis meses” en base a un mecanismo que se acordará entre las partes al momento de firmar. Finalmente, Graciela Camaño, del Interbloque Federal, sostuvo una postura intermedia: volver a los contratos de dos años y actualización libre acordada entre las partes pero con topes (inflación).

El proyecto del Frente de Todos, por ser el de mayoría, sería el primero en ser votado en el recinto si se convoca a una sesión. Pero como no tiene los votos para aprobarlo, es probable que esto siga demorándose. A su vez, la iniciativa del oficialismo también incluye incentivos fiscales para fomentar que más propietarios ofrezcan sus viviendas en el mercado. Por ejemplo, propone que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen general cuando superen las tres “unidades ejecutoras” si alguna de ellas está destinado a alquiler y que no paguen Bienes Personales si son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos.

Este punto fue interpretado por un sector de la oposición como una jugada que buscaba empantanar la discusión, ya que incluir reformas fiscales permitió que la comisión de Presupuesto pida el giro del proyecto. Enviar el proyecto a una sola comisión había sido parte del acuerdo entre oficialismo y oposición en marzo.

Ahora el diputado oficialista Carlos Heller, presidente de esta comisión donde el Frente de Todos es mayoría, deberá convocar a una reunión conjunta de Presupuesto y Legislación General, para volver a dictaminar. Ya pasaron dos semanas y la convocatoria sigue sin estar en agenda.

“Quedamos a la espera de qué ley es la que va a salir porque a último momento aparecieron tres proyectos, cuando nosotros entendíamos que por consenso se iban a modificar los dos puntos que solicitábamos: la extensión del contrato y la actualización. No fue así, así que no vemos que en un corto plazo esto logre llegar a buen cauce, ojalá nos equivoquemos, pero no tenemos muchas esperanzas para los próximos meses”, dijo Alejandro Bennazar de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

Desde el sector inmobiliario señalaron que el anuncio de la reforma y las posteriores demoras generaron incertidumbre en el mercado y están dificultando la firma de los alquileres. “Hay contratos que no se están cerrando a la espera de una modificación. Nosotros aconsejamos firmar igual los contratos con la ley actual y que entre las partes, solo por voluntad, en caso que salga una nueva ley den de baja el contrato viejo y hagan uno nuevo”, agregó.

Si el Frente de Todos intenta “cajonear” el tema en comisión o si avanza con su proyecto a pesar de no tener los votos para aprobarlo (algo que lógicamente demoraría su envío al recinto), la oposición podría intentar votar un emplazamiento. Una estrategia que ya utilizó con éxito para obligar al oficialismo a tratar la Boleta Única de Papel. Pero antes, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y los liberales deberán llegar a algún tipo de consenso.

“El oficialismo tiene que convocar al plenario de Presupuesto y Legislación General porque claramente, al ver las posiciones de los bloque, hay una mayoría que tiene voluntad de modificar la ley”, explicó el diputado de Evolución, Alejandro Cacace.

La actual Ley de Alquileres está vigente desde junio de 2020.

Por aquel entonces, la norma tuvo amplio consenso: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, su implementación en un contexto de alta inflación provocó un efecto negativo en los precios y en la cantidad de propiedades en oferta en el mercado inmobiliario.

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