Infobae accedió a las causas que analizan lo sucedido el 10 de marzo mientras la Cámara de Diputados analizaba el entendimiento y volaban las piedras hacia el despacho de Cristina Kirchner

Fue Cristina Kirchner la que dejó sellada su hipótesis de lo ocurrido en el Congreso el pasado 10 de marzo cuando se trataba en la Cámara de Diputados el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional. “El ataque contra la vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó ejecutar”, dijo la ex mandataria. ¿Qué tiene hasta ahora la Justicia? Por ahora, no hay certezas sobre esa teoría. Se trabaja sobre una seguidilla de videos y fotografías que Infobae revela sobre los destrozos en el despacho de CFK y de otros legisladores, que constan en la causa; y sobre la identificación de once sospechosos a quienes se está investigando para saber si, en forma coordinada, atacaron el edificio del Congreso como una forma de manifestarse contra el FMI o si hubo algo más.

Por lo pronto, la investigación está centrada ahora en el rol que habría tenido cada uno de los apuntados en la escena de los hechos y el análisis de las pruebas ya secuestradas. La apuesta está ahora en el análisis de las comunicaciones de los implicados para saber si hubo alguien que lideró y orquestó el ataque.

No hay dudas de que “en el marco de la manifestación que se realizó en virtud del descontento generado por el acuerdo celebrado entre esta Nación y el Fondo Monetario Internacional, varias personas comenzaron a arrojar contra la fachada del Congreso (sito en la avenida Entre Ríos) elementos tales como piedras y bombas con pintura roja, lo que provocó roturas en los cristales de varias ventanas del primer y segundo piso, ubicándose en el primero de ellos el sector Presidencia Legislativa”, señala el expediente al que accedió Infobae.

La causa investiga los delitos de “intimidación pública” y “daño agravado”. Y esta semana la presidencia del Senado, a cargo de Cristina Kirchner, se presentó como querellante. La jueza Capuchetti aceptó el pedido, pero un grupo de defensas apeló diciendo que la vicepresidenta cree que todo gira a su alrededor y que el Senado no puede perseguir penalmente a nadie. En los próximos días, la decisión pasaría a ser revisada por la Cámara Federal.

Cinco de los sospechosos ya se presentaron en indagatoria en los tribunales de Comodoro Py. Desfilaron ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Como suele suceder en estos casos, todos eligieron el silencio. Que sean las pruebas de la causa las que se discutan en el expediente, dice la estrategia de los abogados. Un sexto implicado se presentaría en las próximas horas, según confirmaron fuentes judiciales a este medio. Hasta ahora todos los que se presentaron en la justicia federal y se pusieron a derecho consiguieron al eximición de prisión para seguir el curso de la causa en libertad, pero no todos correrían con la misma suerte. Uno de ellos, según indicaron a Infobae fuentes consultadas, tenía intenciones de presentarse pero estaba terminando de cumplir una condena condicional, por lo que se no podría evitar quedar detenido si se acreditan las sospechas en su contra.

Habrá que ver qué pasará con el que lanzó la bomba molotov contra los policías de la Ciudad que actuaron en los alrededores del Palacio Legislativo. Es que la justicia porteña identificó a uno de los manifestantes como la persona que lanzó la bomba. Es más: lo detuvo. Sin embargo, la defensa cuestiona esa prueba: no solo porque sostiene que no coincide su descripción física sino porque la clave está en un tatuaje y en que el que el que lanzó la bomba lo hizo con la mano derecho. El detenido es zurdo. Por ahora, la justicia porteña tiene a tres personas detenidas. La justicia federal, a ninguna.

La discusión sobre la unificación de las causas tampoco está terminada. Fuentes de la fiscalía porteña confirmaron a Infobae que en las próximas horas apelarán ante la Cámara en lo Penal, Contencioso y de Faltas de la Ciudad la decisión del juez Norberto Circo de enviarle la causa que ellos tramitan a la jueza Capuchetti. Eso generará que siga habiendo, por ahora, dos causas: uno por lo sucedido en el Congreso y otra en los alrededores.

Los destrozos

Apenas tomó intervención, Capuchetti ordenó a la División Balística de la Policía Federal una expedición por los alrededores del Congreso. No se encontró ninguna impronta de proyectil de arma de fuego ni en la explanada, ni en los despachos de CFK, Claudia Abdala, José Mayans y Ricardo Guerra. Sí, claro, está que se reportaron los destrozos de vidrios y las manchas de pintura roja que afectaron persianas, paredes y mobiliario.

La causa detalla la inspección policial reportando los destrozos en los cuatro ventanales del despacho de Cristina Kirchner y un escenario plagado de “escombros, vidrios y piedras”. Los gastos de esa primera inspección que reportó la Policía Federal sumaron casi 25 mil pesos, para dimensionar los costos de un futuro proceso judicial. Una segunda inspección de la División Unidad de Búsqueda de Evidencia también hizo un procedimiento en busca del secuestro del material. El operativo costó 32.674 pesos, revelaron los documentos que elevó la fuerza de seguridad a la Justicia.

CFK difundió un video en donde mostró como quedó el despacho, apenas terminó la maratónica sesión en Diputados. Infobae accedió a la causa en donde se ve qué imágenes tiene bajo investigación la jueza y el fiscal y también quiénes son las personas que quedaron sospechas de haber protagonizado el ataque al Congreso.

Si bien en las imágenes se observan a decenas de personas arrojando objetos contra el edificio del Congreso y produciendo incidentes graves en sus alrededores, el expediente tiene, al menos por ahora, a un puñado de identificados con nombre y apellido, documento de identidad y domicilio. La jueza Capuchetti ordenó varios allanamientos para detenerlos. Pero los resultados iniciales fueron infructuosos. Los policías llegaban al lugar y no los encontraban. En la causa, a cada sospechoso se les puso una letra para enumerarlos. Más tarde los abogados se fueron presentando en los tribunales para anunciar la voluntad de los buscados para ponerse a disposición.

El primer sospechoso identificado fue Jonatan Emanuel García. De nacionalidad argentina, nació el 26 de junio de 1991. Vivía en la localidad bonaerense de Guernica. En las fotos y vídeos incorporados a la causa se lo describe como el joven que “se encontraba vistiendo gorra color azul, una camiseta de la selección argentina de futbol con la inscripción ‘Messi 10′, pantalón tipo bermuda color azul con franjas amarillas en sus laterales, zapatillas azules y blancas. Además, se lo vio vistiendo un buzo azul, que en otras imágenes lo tenía en su mano”. Estuvo detenido unas horas y ahora espera en libertad la definición sobre su suerte procesal.

Luis Agustín Trionfini también es argentino. Su fecha de nacimiento es el 17 de enero del 2000. Vivía en localidad de Florencio Varela, en la provincia Buenos Aires. Su descripción destaca que al momento de arrojar piedras sobre el Congreso “poseía su pelo teñido de rubio, vestía una remera negra con un pantalón negro y barbijo celeste”. Trionfini tiene prontuario judicial. Un “legajo vigente” por “robo simple”. En 2018 la justicia bonaerense había emitido un “pedido de paradero” que, al memento de protagonizar los incidentes en los alrededores del Congreso estaba “vigente”.

Oscar Ramón Santillán es el que mayor experiencia tiene. Milita en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) histórico y fue detenido por la Policía de la Ciudad el mismo día de la protesta. Nació en fecha patria, el 25 de mayo de 1967, en la provincia de Chaco. Según el peritaje que se realizó sobre su teléfono celular participaba de manera activa en el grupo de WhatsApp del grupo piquetero identificado como “MTR Histórico MG” del que participaban 210 integrantes. En esas comunicaciones de texto o de audio, los organizadores de la protesta calificaban dos días antes a la marcha de “pesada” y “picante” y preveían un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Tanto es así que se recuerda a los asistentes que “no se olviden de llevar el bicarbonato” para neutralizar lo efecto del gas lacrimógeno que efectivamente terminaría arrojando la Policía de la Ciudad ante la vandalización, quema y desmanes que realizó un grupo de intolerantes.

A Santillán se lo identifica en los vídeos de las cámaras de seguridad de CABA y de los canales de TV -que están incorporados al expediente como prueba- vistiendo “una camisa cuadriculada azul y celeste, pantalón tipo jean gris oscuro, zapatillas marrones y dos barbijos celestes, uno en su muñeca izquierda y el restante en su rostro”.

Según consta en la causa, Santillán está registrado prendiendo fuego un contenedor de basura y arrojando piedras. Se negó a declarar y es patrocinado, como otros, por María del Rosario Fernández, una letrada que pertenece a “La Gremial”. Uno de los fundadores de este grupo de activos abogados fue Roberto Perdía, uno de los ex integrantes de la cúpula de la Organización Montoneros.

Al expediente también fue incorporado historial policial que arranca en 1993 y finaliza en 2014. Todos delitos que ya están prescriptos, como el de “falsificación de moneda extranjera”; “robo en poblado y en banda”, “resistencia a la autoridad” y violación a la ley de drogas, aunque en este caso, no se especifica el delito ni la resolución de la causa.

Santillán, como reveló Infobae, era beneficiado desde 2018 de un plan social, el Potenciar Trabajo. Cada mes el Ministerio de Desarrollo Social depositaba en su cuenta del Banco Nación 33.000 pesos. Enterado del hecho, el ministro Juan Zabaleta le dio de baja al plan. “La sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para atentar contra la Vicepresidenta”, justificó el ex intendente de Hurlingham.

La causa también investiga a Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina. Es el más joven de los imputados. Nació el 10 de septiembre de 2003. También vive en el conurbano bonaerense, en Merlo. La policía tampoco lo encontró. “El nombrado se observa en las imágenes captadas vistiendo remera negra y pantalón azul, con un buzo azul cubriendo su cabeza con detalles amarillos, blancos y azules alrededor de su cuello y barbijo celeste”, destacan sobre su persona los peritos de la Policía Federal Argentina que trabajaron sobre las grabaciones. Fonteina tiene antecedentes en la justicia de menores.

Otro de los señalados se llama José Horacio Fernando Castillo. Joven activista, nació el 10 de abril de 2002 y su último domicilio registrado es en la localidad de Ciudad Evita, en el partido bonaerense de La Matanza. A él se lo identifico arrojando piedras sobre el edificio del Congreso, presumiblemente algunas de ellas impactaron en el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “El nombrado se encontraba vistiendo gorra celeste, buzo negro con inscripciones en blanco “Nike” y barbijo color celeste”, especifica el informe incorporado a la causa.

Las sospechas también apuntan contra Jonatan Ezequiel Pacheco. Nació el 4 de mayo de 1997 y como Castillo, también vive en La Matanza, pero en Gregorio de Laferrere. En las filmaciones y fotografías se lo observó “vistiendo una remera gris con estampado de lo que parecería ser un micrófono, barbijo azul con sus tiras blancas. Además, el nombrado poseía una marca similar a un lunar en su perfil derecho del rostro”, se puntualiza en el expediente.

Jaru Alexander Rodríguez Carrero es venezolano. Nació el 15 de junio de 1992 y fue detenido por la Policía de la Ciudad. Está señalado como militante del MTR Cuba. De hecho, en el allanamiento realizado en su domicilio de la calle Moreno al 3000 en CABA, se encontraron panfletos y banderas de esa agrupación. No tiene antecedentes penales. Ingresó por primera vez al país el 12 de octubre de 2015, vía la ciudad uruguaya de Colonia. Estuvo unas catorce horas en el país y volvió a embarcar. La última vez que Migraciones registró su ingreso fue el 21 de febrero de 2018. Lo hizo desde el paso fronterizo de Villazón, en la Quiaca, cuando ingresó desde Bolivia. En las fotos y los vídeos se lo observa claramente empujando el container de basura que es arrojado contra las rejas del edificio del Congreso que dan sobre la calle Entre Ríos, y arrojando objetos contundentes.

Leonardo Marcelo Cáceres también vive en provincia de Buenos Aires, en Guernica. La jueza Capuchetti ordenó allanar su domicilio. Los uniformados no lo hallaron, pero la abogada María del Rosario Fernández lo puso a disposición judicial después que la jueza federal lo eximiera de prisión. Se negó a declarar, pero está “a derecho”. “Aquí el individualizado, poseía sus cabellos teñidos de rubio y vestía remera negra con la inscripción ‘Paris’ en blanco, un buzo que tenía sobre su cuello negro con detalles en amarillo y pantalón negro tipo jogging con detalles en blanco en sus laterales”, explicaron los peritos que analizaron las imágenes. Su “lamina” está identificada con la letra “E” en color rojo. Son cuatro retratos. En dos está con un cigarrillo entre los labios; en una de ellas toma una piedra de la vereda y en otra, se lo ve de atrás arrojando el trozo de cemento al Palacio Legislativo sobre la acera que da a la calle Entre Ríos.

Los especialistas de la Policía Federal analizaron las imágenes grabadas por varios canales de televisión, entre ellos Todo Noticias, A24 y Canal 26. El proceso fue largo y tedioso. Los detalles fueron claves para identificar a los agresores. Cada uno de los rostros fueron compulsados con fotos que ya existen en las bases de datos tanto en el RENAPER como en la justicia a través de los prontuarios. La División de Individualización Criminal estuvo a cargo de esta última tarea. Casi el cien por cien de las pruebas contra los imputados se basa en estas pesquisas. Solo dos ejemplos valen para demostrar la complejidad de la tarea.

A Jonatán Emanuel García, por ejemplo, se lo identificó por un vídeo de TN “que se encuentra cargado en la página web Youtube, en el minuto 09:17, se observó a una persona de sexo masculino con la camiseta de la Selección Argentina y campera azul, la cual se acercó a las cámaras de televisión. Esa misma persona fue luego observada arrojando elementos contundentes contra el recinto del Congreso de la Nación, así como también contra el personal policial que se encontraba sobre la calle Hipólito Yrigoyen”, volcaron los peritos en el escrito elevado a la juez Capuchetti.

Los policías también detallaron que en otro vídeo del mismo canal de noticias “se observó en el minuto 01:52 a una persona de sexo masculino, contextura delgada, tez blanca, pelo teñido de rubio, vestido con una remera negra con inscripciones de color blanco en su espalda, que tenía en piedras/cascotes en sus manos. Esta persona fue observada luego en el video aportado por la División Central Operativa de Video, en el minuto 02:10, momento en cual arrojó elementos contundentes contra el edificio del Congreso de la Nación, utilizando una gomera”. Esa persona fue identificada como Luis Agustín Trionfini.

Los detectives también describieron las imágenes “aportadas por ARTEAR e incorporadas a la foja 182 del Sumario 83/2.022″. Allí se observa, según la identificación posterior a José Horacio Fernando Castillo y a Oscar Ramón Santillán, “arrojando piedras al personal policial que se encontraba en el lugar de los hechos”.

El relevamiento sobre las imágenes tomada en vivo por las señales de noticias revela también a un hombre “de mediana edad, vestía pantalón largo color marrón, remera lisa azul, gorra roja y barbijo blanco, hasta el momento sin identificar, arrojar una bomba casera incendiaria comúnmente llamada bomba molotov en dirección al muro de contención policial conformado por los efectivos de la Policía de la Ciudad”.

El archivo está rotulado como “Imágenes bomba molotov editado”. En el vídeo, le aclaran los peritos a la jueza, “se visualizó a una segunda persona por el momento no identificada, con camisa manga larga de color gris y cuello blanco, gorra oscura con detalles claros y barbijo blanco, quién removía de una mochila oscura una botella de bebida alcohólica para emplear como bomba molotov. Dicha arma fue otorgada a la persona de sexo masculino identificada para que este segundo nombrado la arroje al personal policial”.

Escenas como esta pueblan el expediente de Capuchetti. La magistrada utilizó cada una de estas pruebas para elaborar las órdenes de allanamientos y detención de los ocho imputados.

Esa es una de las preguntas que todavía no están claras. La investigación sobre la molotov está ahora en manos de la justicia porteña, pero si se confirma el pase del caso a Comodoro Py esta semana pasará a formar parte de lo que trámite en los tribunales federales. Es que la jueza identificó ese delito como uno de los que justifican que el caso debe pasar al edificio de Retiro.

Lo cierto es que los tribunales porteños identificaron a un sospechoso por haber lanzado ese explosivo: Julián Claudio Lazarte, un hombre que milita en el Movimiento Teresa Rodríguez, que trabaja a comisión como promotor en un estudio jurídico de Morón y que no tiene antecedentes penales. Para el juez Norberto Circo, “Julián Lazarte participó de la violenta marcha realizada el 10 de marzo del año en curso y no sólo fue de manera pacífica, sino que su accionar habría sido violento, arrojando piedras (del cual, habría lesionado un efectivo policial), moviendo tachos incendiados, para obstruir al personal policial y que éste no pueda evitar realizar sus funciones y generando un daño al erario público de esta Ciudad de Buenos Aires”. Es el tercer implicado con prisión preventiva en la justicia porteña.

Sin embargo, la defensa de Lazarte apeló en las últimas horas esa decisión y atacó las pruebas evaluadas. “En autos diversas imágenes del Sr. Lazarte durante la manifestación. En todas aparece sin ningún tipo de pechera colocada, sino con bermudas, una remera celeste sin mangas, una gorra con la visera y parte trasera negra y la parte delantera blanca y un barbijo blanco con dibujos oscuros. En todas porta en la mano un cartel que dice “FUERA FMI-PRML”. No se lo ve portando bolsos, bolsas ni mochilas”,

La defensa sostiene que se lo puede ver “parado o caminando tranquilamente, lejos de cualquier incidencia” ni tampoco se lo ve “empujando contenedor alguno, ni cerca siquiera. De hecho, en el video de C5N se lo percibe mirando la quema simbólica de las siglas FMI” y cuando empiezan a volar las piedras “se lo ve alejándose del lugar con paso rápido”. Y apuntó a las declaraciones de los policías porteños que habían relatado que la persona que tiró la molotov era de contextura delgado y 1,70 metros y vestía ropas deportivas. “Ni parecido a Julián Lazarte, que es más alto, más gordo que robusto, y vestía remera celeste sin mangas y bermuda”, sostuvo la defensa a cargo de María del Carmen Verdú.

“Se ha sugerido, a partir del informe de la división antiterrorismo que analizó las fotos de Lazarte extraídas de Facebook y las obrantes en autos, y las comparó con la imagen de la persona que aparece agachada junto a un árbol con una botella en las manos que luego entrega a quien la arrojara, que ese individuo podría ser Lazarte. La conclusión ofende la razón. Dice el informe: “En ambos casos se trata de personas de género biológico masculino, de edad adulta y tez trigueña”. Como buena parte de la población, por cierto, aunque se advierte de las propias fotos que el Sr. Lazarte es mucho más gordo, más joven y más morocho”.

Un tatuaje en el dorso de una mano fue otro de los blancos de la defensa. “Obsérvese –detalle nada menor- que Julián Lazarte tiene el tatuaje de una rosa en el dorso de la mano izquierda, mientras que en las imágenes tomadas del video se ve perfectamente que el hombre agachado junto al árbol tiene algo (no se advierte qué) en la mano derecha. Por si fuera poco, ese individuo manipula con uso preferencial de la mano derecha. Julián Lazarte ES ZURDO. Basta observar esta imagen para comprender que no es la misma persona”, se sostuvo.

?>