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El titular la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), Julio Piumato, confirmó que su gremio irá a un paro el próximo martes 25 en rechazo a la iniciativa incluida en el proyecto de Presupuesto 2023.
El proyecto propone que todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a la Ganancias, mientras que los magistrados también manifestaron su rechazo a través de un comunicado.
“Hacemos un paro nacional el martes 25 de octubre los judiciales porque el salario no es ganancia”, afirmó el sindicalista este viernes. En diálogo con el canal de televisión A24, Piumato dijo que “en la historia, los trabajadores nunca pagaron impuesto a la cuarta categoría”.
“Cuando se hizo la ‘reforma Machinea’ en 2000, era para que pagaran Ganancias los que cobraban más de 5.000 dólares, es decir ejecutivos de empresas internacionales”, indicó.
Según el sindicalista, tras la reforma realizada en 2016 (en la que se acordó que comiencen a tributar Ganancias quienes ingresaban al Poder Judicial) hay actualmente300 jueces que pagan este impuesto y otros 400 que no lo hacen, mientras que 200 cargos continúan sin cubrirse “por responsabilidad del Poder Ejecutivo y el Senado”. “Si se cubrieran esos cargos, más de la mitad de los jueces pagarían sin afectar derechos constituidos”, sostuvo.
En su web oficial, la UEJN también convocó a la medida de fuerza con una movilización a partir de las 10 de la mañana. “Este nuevo ataque contra la justicia no solo constituye un desfalco al castigado salario de los y las judiciales, sino que opera además como una cortina de humo para ocultar otros ajustes que se encuentran en el presupuesto, mientras que los que saquearon a la Argentina siguen indemnes”, aseguró el gremio en un comunicado.
Tal como informó ayer DIB, el oficialismo logró incluir ayer en el proyecto de Presupuesto 2023 un artículo para determinar que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial también paguen el Impuesto a las Ganancias, herramienta por el que las arcas públicas podrían sumar $ 237.850 millones para el año que viene.
La inclusión de este punto fue solicitada por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos), uno de los secretarios de la Comisión de Presupuesto, quien advirtió que “los trabajadores que ganan más de $ 330.000 pagan Ganancias, y los Jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan $ 1.000.000 o $ 2.000.000 mensuales no pagan”.
Rechazo de los magistrados
Este viernes también emitió un comunicado la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) en el que expresó su “rechazo” a la implementación del Impuesto a las Ganancias para el sector, al considerar que se busca “violentar la cláusula constitucional que protege los salarios” de la Justicia.
“Como consecuencia de ello, se informa en primer término a sus asociados/as que los miembros del Consejo Directivo nos encontramos convocados en sesión permanente, conscientes de la gravedad de la afectación que se pretende en términos de avasallamiento, y en contacto todos los espacios con un objetivo común”, indicaron.
En tanto, los miembros de la Corte Suprema (con la ausencia de Ricardo Lorenzetti) se reunieron hoy para analizar la situación. Según informó el portal Infobae, los integrantes del máximo tribunal decidieron responder en el corto plazo ante una medida que consideran inconstitucional.
Comunicado al que adhirió la AJB
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), por su parte, publicó un comunicado del Espacio Intersindical, al cual pertenecen junto a la Federación Judicial Argentina y varios gremios de otros sectores.
“Somos trabajadores/as que cobramos un sueldo por nuestras habilidades, saberes y responsabilidades concretas. No obtenemos ganancias, las generamos. Nuestro salario lo volcamos al mercado interno. No somos especuladores ni fugadores. No se puede aplicar un impuesto por cobrar un sueldo y no se puede naturalizar que nuestro sustento sea considerado una ganancia”, sostiene el escrito.
El mismo está firmado por gremios de distintos sectores como los vinculados a tareas de gas natural, telecomunicaciones, transporte ferroviario, periodismo, aceiteras y petroquímicas, entre otros.