Un tema sensible y de alto volumen monopolizó como se esperaba la atención del gobierno bonaerense. No hay números concretos, pero se sabe que, de uno u otro modo, esa decisión pegará sobre los recursos.

Una cosa tiene que ver con la otra. Hay que remontarse al mes de septiembre de 2020 cuando la pandemia había amainado un poco y Axel Kicillof estaba frente a una virtual rebelión de la policía que reclamaba mejoras salariales.

En forma sorpresiva, el presidente Alberto Fernández anunció una quita de recursos a Capital Federal que se derivaron a la Provincia. Fue una solución política para un conflicto con la fuerza de seguridad que se extendía y amenazaba con desmadrarse.

En aquél entonces, el Presidente dejó sin efecto parte del aumento de coparticipación -de 1,4% a 3,75%- que había dispuesto Mauricio Macri y anunció que parte de esos recursos -1%- serían destinados a Buenos Aires.

El Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense, compuesto por esos recursos que se le restaron a la Ciudad de Buenos Aires, está presupuestado para el próximo año en alrededor de 200 mil millones de pesos. Ayer no existían demasiadas precisiones respecto del efectivo impacto que tendrá la decisión de la Corte sobre las arcas bonaerenses.

“En el marco del acuerdo con el FMI este cambio de reglas no hay forma de que no
impacte. Todo lo que se recibe se gasta en sueldos, obras, servicios y programas”,
afirmaban.

Hasta en la reunión paritaria con los gremios estatales que se celebró ayer en el ministerio de Trabajo se abordó la cuestión. Algunos de los funcionarios presentes señalaban que habrá un impacto sobre los ingresos de la principal provincia del país, aunque no podían precisar su alcance.

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