El monto representa más de la mitad de las reservas netas del BCRA. El Gobierno debe definir antes del jueves si envía una señal en pos del acuerdo y cubre la obligación o si, por el contrario, desata la tensión

La próxima semana será decisiva para la estrategia de negociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El próximo viernes 28 vence un pago de USD 730 millones con el FMI y dos días después, el lunes 1° de febrero, otros USD 365 millones. Es decir que, en los próximos días, el Gobierno deberá decidir si se desprende (o no) de unos USD 1.095 millones, cifra que equivale a más de 60% del nivel de reservas netas con las cuenta hoy el Banco Central, según los cálculos de distintos analistas privados.

En ese contexto, la definición resultará clave para el eventual acuerdo. Si el Gobierno avanza con los pagos tal como ha hecho puntualmente hasta ahora, se quedaría ya sin ningún poder de fuego para enfrentar eventuales presiones cambiarias y, por ende, en una situación mucho más vulnerable, condicionado a la imperante necesidad de cerrar finalmente el acuerdo en marzo. De hecho, sería ilógico desprenderse de ese monto, que puede parecer menor pero que hoy es vital en el contexto que se encuentran las arcas del BCRA, si efectivamente la decisión es no aceptar el ajuste que pide el FMI y amenazar con patear el tablero en marzo, aunque sea por algunos días.

Tal vez por eso, nada es concreto a esta hora en el Gobierno al respecto y nada garantiza el pago. En el Banco Central evitan agitar las aguas antes de tiempo. Se asegura en los pasillos de la entidad que aún no percibieron desde la Casa Rosada ningún indicio de que no se vaya a pagar. En el Ministerio de Economía, en cambio, juegan al misterio. “Hay que esperar”, afirman y hay quienes atribuyen al titular de la cartera, Martín Guzmán, un giro en su estrategia.

Desde que cerró la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, el ministro abogó por un pronto acuerdo con el Fondo Monetario, que permitiera al país ahorrarse los pagos que se efectuaron al organismo durante todo 2021. La propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien dinamitó esas intenciones de Guzmán, en su última carta se quejó paradójicamente de que el Gobierno destinó el año pasado más dinero a pagarle al FMI (USD 5.160 millones, 1,1% del PBI) que a paliar las consecuencias del Covid (0,9% del PBI). De contar con el acuerdo -era el planteo desoído de Guzmán-, tales pagos no hubieran existido.

El dilema ahora es similar, pero a la inversa. Si la idea es endurecer la postura frente al FMI para forzarlo a flexibilizar las condicionalidades del programa que se discute, tal como sugirió el titular del Palacio de Hacienda al advertir que “el FMI perdería legitimidad si desestabiliza a la Argentina, realizar el pago enviaría la señal contraria. Claro que no realizarlo, e incurrir en un atraso técnico antes de caer en un default declarado mientras se acelera la negociación, anticiparía fuertes turbulencias en el mercado. Es el peor de los fantasmas del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, quien ya advirtió al Presidente que no se tomaron las previsiones necesarias para llevar la negociación a ese escenario.

En ese sentido, febrero es uno de los peores meses posibles para enfrentar presiones, dado el bajo nivel estacional de ingreso de divisas. En marzo, al menos, empiezan a ingresar los dólares de la soja. Al mismo tiempo, no cumplir con esas obligaciones lleva a la inmediata contradicción de haber pagado USD 1.900 millones hace tan solo un mes, cuando ya estaba claro para el Gobierno el apoyo de Estados Unidos a la férrea postura del FMI, respaldo que el canciller Santiago Cafiero no logró esmerilar en su reciente viaje a Washington para reunirse con su par del Departamento de Estado, Antony Blinken.

En este marco, la dinámica de la discusión con el Fondo podría acelerarse. En pocas semanas, un acuerdo que el mercado daba por descontado pasó a ser considerado mucho menos probable antes de marzo y así lo reflejó desde principios de año la caída de los títulos públicos. Ahora, la mira está puesta mucho más cerca, en apenas siete días.

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