Los concejales de Bien Común y la UCR emitieron un comunicado remarcando que la nueva declaración de Emergencia Sanitaria que promovieron y aprobaron “promueve la responsabilidad ambiental de ABSA” y aseguraron que “es insólito que Aristimuño quiera vetarla". El intendente, como adelantó El Rosalenio el viernes, los había criticado por considerar que “ya estaba aprobada desde el año 2015”, y reconoció que está analizando vetarla.

Ante la publicación periodística de este medio, los ediles opositores señalaron que “por primera vez el Concejo Deliberante aprobó una norma que indica la responsabilidad ambiental y sanitaria de la empresa y del Municipio”.

En tanto, explicaron que las ordenanzas sancionadas años antes “no estaba mencionada” esta cuestión y que “solo referían a cuestiones técnicas”.

“Para nosotros ya no tenemos un problema de falta de obras sino que hay un agravamiento ambiental que genera una situación de contaminación que puede dañar la salud de la población, es alarmante que el Intendente y sus concejales quieran negar eso”, agregaron.

“La nueva ordenanza también refiere a la necesidad de controles sanitarios y a exponer ante el Gobernador de forma permanente los problemas generados por los derrames cloacales y por la falta de acceso al agua potable como está ocurriendo en Pehuen Co ante los reclamos de dicha comunidad" afirmaron los concejales Lisandro Delle Donne, Néstor Martinez, Daniel Medina y Liliana Taboada.

Por otra parte, también mencionaron que la declaración de Emergencia Sanitaria aprobada el pasado jueves - sin el acompañamiento de los bloques oficialistas - en el HCD, “también obliga a que el Municipio deba publicar mediciones ambientales que determinen la contaminación del sistema pluvial y su vertido a la costa del distrito”.

Además, señalaron que el Municipio ahora deberá “exponer esta situación en cada Audiencia Pública convocada anualmente por la Empresa ABSA y la Autoridad del Agua, algo que Rosales no ha realizado desde el Municipio”.

"Creemos que sería un retroceso por parte del oficialismo ir en contra de una ordenanza que dispone la obligación de plantearle todos los años al gobernador este tema -tanto al actual gobernador como a quien lo suceda- y que se deban rendir cuentas públicas de dichas gestiones", concluyeron.

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