La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires deberá darle tratamiento a un proyecto presentado por la legisladora rosaleña, Dra. Abigaíl Gómez, que busca digitalizar el sistema judicial, agilizando procesos y mejorando el acceso.

La abogada explicó que la iniciativa “busca actualizar el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires para agilizar procesos y mejorar el acceso a la justicia”, incorporando herramientas como la firma digital, las notificaciones electrónicas, entre otros.

“Esto indefectiblemente beneficia a la gente, porque haría una justicia más ágil, aprovechando los avances tecnológicos como por ejemplo para audiencias virtuales, que sólo se hacen en algunos casos cuando el juez lo dispone, pero no siempre el ciudadano tiene la posibilidad de hacer uso de esta modalidad y tiene que trasladarse, en algunos casos, por varios kilómetros para declarar en una sede judicial”, explicó Gómez en diálogo con Radio Rosales.

“Desde hace varios años los abogados convivimos con dos regímenes procedimentales en paralelo, el del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y las diferentes Acordadas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Sucede, que estas últimas no han sido incorporadas al código y por lo cual, nuestro código de procedimiento aún no recepta las diferentes reformas que nos trajo la tecnología”.

El proyecto presentado recientemente en la cámara baja bonaerense introduce cambios para establecer audiencias virtuales y mixtas, notificaciones electrónicas, firma digital y reconocer como válidos medios de prueba derivados de la tecnología.

“Esta trascendental reforma implica revisar varios artículos claves que regulan principios procesales tradicionales basados en la presencialidad y el soporte papel, mutando a la utilización de medios electrónicos como regla general en la tramitación de los procesos judiciales”, señaló la diputada rosaleña.

“El proyecto que se propone generará mayor eficiencia en la tramitación de causas, reducción de tiempos y costos, acceso más amplio e igualitario a la justicia, especialmente para quienes se encuentran alejados geográficamente o en situación de vulnerabilidad, mejor trazabilidad y transparencia de los actos procesales, reducción del uso de papel, con beneficios ambientales y de costos, adaptación del sistema de justicia a los estándares del siglo XXI”, concluyó Gómez.

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