En medio de la polémica por el aumento de tasas municipales en algunos distritos, el gobierno nacional tiene en carpeta prohibir un mecanismo extendido en la provincia de Buenos Aires para facilitar la cobrabilidad, que es incluirlos en la factura de un servicio, como por ejemplo el de la luz.

La decisión que ahora analiza el gobierno que encabeza Javier Milei surge de la controversia en torno de las tasas se disparó después de que el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, denunciara que en distritos del Conurbano gobernados por el peronismo se produjeron en las últimas semanas aumentos significativos.

La polémica creció cuando se involucró el ministro de Economía, Luis Caputo, quien no solo acusó a los intendentes de perseguir “fines recaudatorios”, sino que los vinculó a una maniobra para impedir la baja de la inflación y complicar así el plan económico nacional.

El gobernador Axel Kicillof salió al cruce y defendió a los intendentes argumentando que las subas son para financiar servicios ante los recortes de Nación. También hubo rechazo desde la Municipalidad de Ensenada.

La restricción al aumento de tasas municipales

La restricción que buscaría implementar la Nación se plasmaría a través de una resolución de la Secretaría de Comercio que se conocería en los próximos días para dejar expresamente prohibido el mecanismo.

El cobro de tasas en facturas de servicios está extendido mucho más allá de los distritos del Conurbano donde se originó la controversia. En La Plata ocurre con la tasa de alumbrado pública que se cobra a través de la factura de Edelap.

Pero el mecanismo es muy usual en municipios del interior de la provincia, donde se incluyen en las liquidaciones de cooperativas que dan el servicio de agua o de electricidad o de otros servicios, como por ejemplo la TV por cable.

Para la entidad que realiza el cobro el negocio es cobrar una comisión, que la comuna le paga a cambio de que transfiera el dinero de la tasa que cobró.

De acuerdo a lo que trascendió, las comunas que incumplan con la reglamentación una vez puesta en vigencia –sería la semana próxima- recibirán sanciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240).

Al mismo tiempo, Economía –que ya había anunciado que estudia presentaciones ante la Corte por este tema- no descarta impulsar un proyecto de ley para limitar la discrecionalidad a la hora de aumentar tasas, impidiendo que sea por conceptos inespecíficos que no tengan una contraprestación clara y verificable.

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