En un clima social agitado, el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, anticipó que hará “todo lo posible para evitar la foto” de la semana pasada. Gestiones ante Aníbal Fernández y Juan Zabaleta. La respuesta de Belliboni, el dirigente más criticado

Dos noches enteras con la Avenida 9 de Julio tomada por un campamento piquetero fue el límite. El gobierno porteño anunció que no permitirá que un episodio similar se repita en el centro de la ciudad de Buenos Aires y por eso activó una discreta gestión para solicitar la colaboración de la Casa Rosada para enfrentar de una manera coordinada las manifestaciones callejeras que provocan jornadas endiabladas para el tránsito y un daño político que ya se percibe en ambas jurisdicciones.

El paisaje sobre el que se produce este desafío para la política es el de dos administraciones, la de Alberto Fernández y de Horacio Rodríguez Larreta, que están enfrentadas en lo macro -la coparticipación y el último impuestazo de la AFIP- y rivalizan también en lo micro -la crítica hacia el voto de los porteños de Máximo Kirchner el 24 de marzo-. Es un dilema, el piquetero, que involucra necesidades sociales dramáticas, extendidas y amplificadas por una inflación fuera de control y el reclamo, en simultáneo, por una convivencia urbana que respete principios tan básicos como el de la libertad de transitar, trabajar, estudiar o ir al médico.

El encargado de confirmar la decisión del gobierno de Larreta de impedir la instalación de otro vivac en el asfalto porteño fue el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro. “Vamos a hacer lo imposible para evitar esa foto otra vez en la Ciudad de Buenos Aires. Entendemos la problemática, pero no puede haber una cultura del corte de calle y que se convalide con la entrega de planes y subsidios después de ese tipo de acciones”, afirmó el funcionario en diálogo con Infobae.

En lo macro, en ese diagnóstico coincide el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien durante las primeras horas de la mañana salió con dureza a rechazar las presiones que se produjeron la semana pasada con el campamento que lideró Eduardo Belliboni, jefe de alto perfil del Polo Obrero. “No hace falta cortar calles para hablar con el ministro. Basta de apretar a los argentinos de esta forma. Los argentinos no se lo merecen”, afirmó en radio.

“Juanchi” Zabaleta es el funcionario del gobierno de Alberto Fernández hacia quien van dirigidos los reclamos. Él ya anunció públicamente, y lo confirmaron consultados por este medio sus colaboradores, que no habrá más planes o subsidios a las organizaciones que regentean programas. “Sólo habrá recursos para los proyectos productivos que presenten. Se ofrecen fondos y herramientas, asesoramiento, lo que requieran para emprendimientos de la economía social. Pero ellos no quieren: piden subsidios”, explicaron.

Una encuesta en una muestra reducida que llegó al despacho del Ministerio de Desarrollo Social -realizada en paralelo a la realización del campamento piquetero- confirmó las intuiciones: el 84,5% está a favor de que no se den más planes sino que se genere empleo genuino; un 80% expresó su rechazo al campamento como método de protesta y casi el 64% respaldó la decisión de “no ceder” ante las demandas de esas organizaciones políticas y sociales.

En este contexto de saturación social e inquietud política es que se produjo tanto la definición del ministro porteño D’Alessandro de no volver a permitir un acampe como las gestiones para coordinar una respuesta común. Además de Zabaleta, el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta habló el lunes con Gustavo Aguilera, secretario de Articulación de Política Social, y acordó con Aníbal Fernández, su homólogo de Nación, dialogar en las próximas horas.

D’Alessandro busca el compromiso de su homólogo de Nación para que fuerzas federales colaboren en la contención para evitar que miles de personas se aglutinen en las estaciones de trenes de Constitución y Retiro. Fernández argumentó para postergar un encuentro mano a mano a un viaje al exterior. “Aníbal siempre habla con D’Alessandro”, dijeron en su entorno, sin mayores detalles.

En concreto, en la ciudad de Buenos Aires quieren que Ministerio de Desarrollo Social mantenga su posición de no otorgar nuevos planes a los que se convocan a las puertas del mítico edificio de 9 de Julio y Belgrano y que policías federales cooperen con las tareas de control y prevención desde las estaciones ferroviarias para impedir la llegada de manifestantes con carpas y otros elementos como ollas, garrafas y otros elementos para cocinar y dormir a la intemperie.

“La situación se agravó al mismo ritmo de la interna del Frente de Todos. Después de los incidentes frente al Congreso y las piedras contra el despacho de Cristina se ven conspiraciones por todos lados, pero si no se toman medidas esto va a terminar con más violencia: con la policía teniendo que reprimir o alguien que se harte que se termine enfrentando con los que estén cortando el tránsito”, admite, en diálogo con Infobae, otro funcionario porteño involucrado en el tema.

La respuesta de Belliboni

El dirigente piquetero cuestionado tanto desde el ámbito porteño como de la Casa Rosada, Eduardo Belliboni, respondió a las declaraciones de los funcionarios: “Si no hay respuestas mínimas, vamos a seguir llevando adelante todas las medidas votadas por 3500 delgados de 24 provincias en el plenario de Plaza de Mayo del 12 de marzo pasado. El que extorsiona es el FMI, el Gobierno y la oposición con el acuerdo humillante contra el pueblo y un ajuste con el que golpean a los trabajadores”, afirmó.

Y al ser consultado por este medio sobre si volverá, efectivamente, a cortar o acampar, respondió: “Vamos a esperar la reunión con Zabaleta antes de hacer un nuevo anuncio”. Es que el jueves próximo, el ministro de Desarrollo Social convocó a las organizaciones piqueteras a dialogar. “Hay que esperar que pasen los días. Después se verá que dicen los piqueteros, qué dicen los ministros... y el kirchnerismo”, concluyó uno de los involucrados en conflicto.

?>