La jueza federal N° 2 de nuestra ciudad, María Gabriela Marrón, finalmente homologó los acuerdos alcanzados por el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez con 7 empresas del Polo Industrial, en el marco de la causa que investiga la contaminación en la ría.

El dictamen había sido presentado el 19 de octubre por el titular de la Fiscalía Federal N° 2 y los acuerdos -individuales- fueron rubricados por la Justicia.

La conciliación alcanza a Profertil, Compañía Mega, PBB Polisur, Oiltanking, Unipar Indupa, TGS y Refinería Bahía Blanca, quienes se comprometieron a hacer distintas obras y acciones para las mejoras.

En el caso de ABSA -considerado el principal agente contaminante por los líquidos cloacales- el fiscal impulsaría la acción penal porque no hubo respuestas satisfactorias desde esa parte para avanzar hacia una solución, ya que fijaron 30 años para la ejecución de medidas estructurales, lo cual "resulta excesivo".

En la resolución de la jueza -que tiene 74 fojas- queda supeditado a estos avances la eventual solicitud de extinción de acción penal para cada una de las firmas.

"Debo resaltar, que si bien se entiende como principio que la reparación deberá ser conjunta o integral, ello no quita la posibilidad en su caso de efectuar una valoración individual de la ejecución de cada propuesta con miras a evaluar los efectos del acuerdo en punto a su situación procesal", agregó Marrón, que firmó el escrito junto a su secretaria, María Paula Riganti.

"Es así que, en caso de incumplimiento de lo acordado, quedará sin efecto el acuerdo en relación a la parte que lo incumpliere, reanudándose el proceso penal a su respecto", amplió.
Informes trimestrales

La jueza destacó los convenios sin desconocer "el relevante papel" de estos grupos productivos como fuente de empleo y contribución a la cadena de producción (alimentación, construcción, salud, electricidad y electrónica, recubrimientos, vestimenta, varios y servicios). Bajo este prisma, la solución ejecutada por el Ministerio Público Fiscal resulta sumamente ajustada a derecho".

También le impuso a las empresas la obligación trimestral (durante un año y medio) de acompañar informes que den cuenta del avance y cumplimiento de las propuestas, que deberán ser evaluados por el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) y/o autoridad técnica que el Ministerio Público Fiscal designe a sus efectos.

Para el fiscal Martínez, "los efectos de este convenio serán trascendentes para Bahía Blanca, el Puerto, el Polo y las futuras inversiones, porque generan seguridad jurídica y hacen previsible un montón de situaciones. Es decir que tiene un efecto importante".

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