La Cooperadora del Hospital Eva Perón denunció al Municipio por retención de fondos y amenaza de desalojo. El intendente Aristimuño respondió con dureza: acusó a la entidad de falta de rendición y advirtió que podría reemplazarla. La cooperadora anticipó que le iniciaría una denuncia penal por retención indebida.

La Asociación Cooperadora del Hospital Eva Perón de Punta Alta difundió un comunicado en el que denuncia la retención indebida de fondos del bono contribución y el intento de desalojo de la sede donde funciona la entidad, ubicada en un predio de la ex FISNA (Ferrocarriles Argentinos), que ocupa desde 1995.

Según la cooperadora, el Municipio de Coronel Rosales recauda los aportes del bono contribución desde el 1 de enero de 2024 “sin acuerdo ni autorización vigente”. Además, de acuerdo con la propia rendición de cuentas municipal, esos fondos “no fueron ejecutados”, mientras el hospital continúa con “graves carencias de infraestructura, insumos y servicios básicos”.

Frente a esta situación, la Comisión Directiva notificó al Municipio que, desde el 17 de julio de 2025, los fondos recaudados debían depositarse directamente en la cuenta de la cooperadora. Sin embargo, señalan que la comuna “no sólo incumplió este requerimiento, sino que agravó la situación con una intimación para desalojar” la sede.

“El Municipio no tiene derecho a retener ni administrar los fondos del bono contribución, que son aportes voluntarios de la comunidad con un fin específico: mejorar el Hospital Eva Perón”, expresaron en el comunicado, donde también convocan a vecinos, trabajadores de la salud, organizaciones sociales a acompañar el reclamo. Además, en las últimas horas la misiva fue entregada al Honorable Concejo Deliberante.

Al respecto, y en diálogo con Radio Rosales, el abogado de la Cooperadora indicó: “Nosotros contestamos la carta documento de desalojo, y a su vez reiteramos la intimación a la rendición de cuentas. Si el intendente en el plazo de 72 horas, hecho que se hizo ya hace unos días, no realiza la rendición de cuenta y no piensa depositar el dinero en cuenta de la cooperadora, vamos a hacer la denuncia penal por esta situación, porque en nuestro criterio hay una retención indebida, hay incumplimiento de deberes de funcionario público y otras cuestiones que surjan de la denuncia. A su vez vamos a pedir la cesación de los efectos del delito porque el juez es quien tiene que ordenar que el dinero vaya a quien le corresponda, no al Ejecutivo, porque esto no es un dinero público, es un dinero privado que a través de la cooperadora se transforma en un dinero público cuando entra en el erario. En este caso ellos están directamente percibiendo como si fuera un impuesto y no es así.”

Consultado sobre el futuro de la Cooperadora, en caso de que se disuelva la relación con el Municipio, el abogado Luna Iturres respondió: “No se va a disolver porque es una persona jurídica y aunque tenga que poner una mesita en la plaza se va a seguir trabajando con el hospital. Se trabajará desde otro lugar, obviamente que no va a ser el mismo aporte que vamos a entregar.”

La respuesta del intendente

En contestación, en el aire de la emisora, Rodrigo Aristimuño cuestionó el manejo del predio de FISNA y responsabilizó a la cooperadora por la falta de acuerdo.

En el marco del conflicto, el jefe comunal recordó que “el convenio entre el Municipio y la cooperadora venció el 31 de diciembre de 2023” y que, desde entonces, intentó avanzar en un nuevo acuerdo que no prosperó.
“A partir de ahí, y en cabeza de quien suscribe, es decir, del intendente municipal, se abordaron dos reuniones con la cooperadora. ¿Para qué? Para establecer las pautas del nuevo convenio”, explicó.

Afirmó que el eje principal de discusión fue la administración del predio de la FISNA, donde actualmente funciona la sede de la cooperadora. Sobre ese punto, fue contundente: “Entiendo que el predio de la FISNA tiene que estar a disposición de todos los rosaleños. Eso no era así. Se percibían valores, aranceles, lo que fuera, y yo entiendo, y suscribo esa idea, de que ese predio tiene que ser administrado por el Municipio y estar puesto a disposición de los vecinos”.

Relató que hubo intentos de diálogo que no prosperaron:“Hubo una situación con quien presidía la cooperadora, que falleció. No se acreditó nueva comisión directiva. No obstante eso, hubo siete pedidos de reunión con quienes argumentaban ser nueva conducción de esta cooperadora, y las siete reuniones, quince minutos antes, nos suspendieron. Claramente lo que está en discusión es el predio de la FISNA. Este intendente entiende que tiene que estar a disposición de todos los rosaleños, y la cooperadora entiende que tiene que ser a criterio de ellos”.

Consultado sobre la titularidad del comodato del predio, el intendente señaló: “Claramente, el comodato y la responsabilidad primaria, a partir de que está vencido este convenio, está en manos del Municipio.”

Respecto a la administración de recursos, el jefe comunal cuestionó el manejo de ingresos por parte de la cooperadora:
“Se alquilaba a la VTV. No hay trazabilidad del pago de eso. ¿Cuál fue el pago? ¿Quién definió el monto del alquiler?”

“Durante el período comprendido entre los meses de abril hasta diciembre del año 2023, la cooperadora recibió en forma mensual la suma de 266.666 pesos con 67 centavos.  Fondos que se encontraban afectados al Hospital Eva Perón, que deberían haberse destinado al funcionamiento y mantenimiento del hospital, y que deberían haber sido oportunamente rendidos, lo que no sucedió”, y señaló que “los ingresos por el alquiler del predio a la VTV no fueron rendidos al municipio”.

“El dinero está en la cuenta bancaria del Municipio. No se pudo gastar por la decisión discrecional de la cooperadora de no rubricar el convenio. Está afectado a guarda del tesorero municipal, que es un cargo de ley. Ese dinero es de la gente que aportó a la cooperadora y debe ser afectado para el mantenimiento del hospital.”

“Por esa decisión discrecional no se pudo utilizar. Lo que yo digo es: siete llamados a reuniones y hay intereses solapados. No es casualidad. Yo en las casualidades ya no creo. Lamento profundamente la situación actual, pero nos han llevado a un lugar de conflicto en el que nosotros no queríamos estar. Yo tuve dos reuniones y los convoqué siete veces, y no vinieron.”

Consultado sobre la situación legal y la amenaza de acciones penales por parte del abogado de la cooperadora, el intendente respondió:“Que el abogado plantee lo que entienda necesario. Nosotros tenemos una decisión, que es normalizar la situación, porque veíamos claramente falta de trazabilidad. Entiendo como política de Estado que el predio de la FISNA lo administre este Municipio y lo ponga al servicio de los vecinos.”
Finalmente, respecto a la continuidad de la cooperadora y la posibilidad de que deje de operar, Aristimuño expresó:

“Si hubiesen querido ayudar al hospital hubiesen rubricado el convenio para que ese dinero sea volcado a las mejoras del hospital. La decisión discrecional de no firmar el convenio fue de ellos. Fueron convocados siete veces y no vinieron.”

“Si no se allanan, si no se ordenan en función de lo que el Municipio entiende que es mejor para los vecinos, yo voy a seguir con esta situación. Se firmará con una fundación, con otra cooperadora, para que los vecinos, su dinero que vienen colaborando con el hospital, porque el vecino no colabora con la cooperadora, colabora con el hospital.”

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