Un proyecto de ordenanza que busca establecer la obligatoriedad de controles preventivos de drogas ilegales para las principales autoridades y referentes políticos de la administración local, fue presentado en las últimas horas en el HCD local por el bloque de concejales de La Libertad Avanza.

La iniciativa alcanzaría al intendente municipal, la totalidad de la planta política del Departamento Ejecutivo, los concejales, y los secretarios y delegados de los gremios con representación del personal municipal.

En caso de aprobarse la medida, todos ellos deberán presentar con carácter obligatorio y anual un certificado negativo de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales en orina, con foco principal en cannabinoides y cocaína.

Entre los fundamentos, el bloque libertario remarcó "la necesidad de fortalecer los estándares de integridad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública", destacando que experiencias similares en otros distritos bonaerenses —como Chivilcoy— “han demostrado ser herramientas preventivas eficaces, que contribuyen a consolidar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”.

El procedimiento fijaría que el test inicial ("screening") se realice en laboratorios públicos o privados. Los certificados tendrían una vigencia de 48 horas desde su emisión y deberían entregarse en la Oficina de Personal antes del 31 de marzo de cada año, con un plazo inicial de 60 días tras la promulgación de la norma.

En cuanto al régimen de sanciones e incumplimientos, se establecería que: "el funcionario o agente deberá ser suspendido de sus funciones hasta que se cumpla con la negatividad de los exámenes bioquímicos que exige la norma".

A la par del apartamiento preventivo, se contempla la intervención de la Dirección de Adicciones local para brindar el abordaje integral y la contención necesaria al afectado.

Por último, el proyecto prevé la creación de un Comité Técnico Interdisciplinario integrado por profesionales de la salud, el Juez de Faltas, representantes del Tribunal de Cuentas, concejales y funcionarios de las áreas de Legal, Personal y Adicciones.

Este órgano deberá reunirse semestralmente para supervisar la ejecución del programa y emitir informes periódicos, garantizando la confidencialidad de los datos sensibles y el debido proceso.

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