MIÉRCOLES 01 DE MAYO DE 2024

"Desde el Departamento Ejecutivo se ha repetido hasta el cansancio que la adhesión redundará en beneficios y transparencia en las cuentas municipales".

"La ley establece que los municipios que adhieran deberán presentar Presupuestos Plurianuales y publicar información trimestral de la ejecución presupuestaria en su sitio web. Estas prácticas se llevan a cabo desde hace muchos años en los distritos de la provincia de Buenos Aires y especialmente en Rosales, más allá que la información relativa al 2017 aun no esté completa en la web, debido seguramente a ”un error de carga”. El municipio hace tiempo que adhirió al Sistema de Boletín Oficial municipal, aunque la última información disponible sea de marzo de 2017", así lo expresó la referente del Frente Cumplir y concejala mandato cumplido, Juliana Tomassini, sumándose de esta manera a las distintas expresiones en referencia al debate por la adhesión al Pacto Fiscal.

"La Legislatura provincial sancionó en noviembre de 2017 a pedido del poder Ejecutivo una reforma a la Ley 13295, sancionada hace 13 años, conocida coloquialmente como el Pacto Fiscal".

"Vale decir que el municipio cuenta con herramientas clásicas y modernas que tienden a la planificación y la transparencia, pero son sus prácticas las que atentan contra ello. Es una pena ponerle la responsabilidad a la adhesión a una ley provincial para concretarlo", expresa en el documento de análisis.

Control del crecimiento versus necesidad de presencia del Estado

"En lo relativo a la Planta municipal, es saludable controlar el crecimiento de la misma pero se corre el riesgo de incumplir con las nuevas funciones que hace tiempo los municipios viene absorbiendo, muchas de ellas desprendidas de la órbita provincial, que no haría más que castigar aún más la prestación de servicios. El STM se manifestó preocupado por los pases a planta comprometidos en el CCT, que entendemos no estarían en riesgo porque se trataría de un cambio de encuadre, aunque si podría peligrar la garantía de igual remuneración por igual trabajo. Lo que sí definitivamente está en riesgo es la mejora y recomposición salarial del empleado municipal derivado del peor de los condicionamientos de la presente ley: el congelamiento de los gastos corrientes a valores constantes", menciona Tomassini.

"Este es el eje redistributivo que se consagra en el art. 5: el congelamiento de los gastos corrientes a valores constantes significa no incrementar los gastos del municipio por encima del índice de la inflación para los próximos dos años. Esto significa hacer exactametne lo mismo dos años seguidos, o menos porque como nos pasa en nuestras casas, las cosas aumentan más que la inflación en muchos casos".

"Pero esto no es lo peor, lo peor es que la tasas han aumentado más que la inflación en los últimos dos años, lo que significa que si los gastos no pueden crecer más que la inflación y las tasas lo hicieron más, ¿para qué nos cobran más a los contribuyentes? La respuesta es sencilla, si los recursos se subestiman en los presupuestos y la recaudación termina siendo mayor (con un aumento del 43% promedio en el ABL en 2018 no es de dudar), con el mismo nivel de gasto presupuestado, el excedente es TODO RECURSO EXTRAPRESUPUESTARIO, QUE PUEDE UTILIZARSE DISCRECIONALMENTE, sin intervención alguna de los Concejos Deliberantes. El 2019 es un año de elecciones...no hace falta decir nada más".

"Por último, la provincia siempre tuvo que autorizar a los municipios a endeudarse. El requisito adicional de tener que estar adherido al pacto es meramente extorsivo porque no redunda en ningún beneficio de control ni transparencia adicional como ya lo dijimos antes. La provincia exige control de endeudamiento pero incrementó su deuda considerablemente, a cambio de girar parte a los municipios para las obras que hoy estamos disfrutando y que pagaremos los bonaerenses en los próximos 30 años. En síntesis, lo único que quiere garantizar la adhesión al pacto es la caja para las próximas elecciones", concluyó Juliana Tomassini.

?>