En agosto, el gobierno nacional mediante el decreto 765/2024 publicado en el Boletín Oficial, estableció que las canciones, películas y otro tipo de obras artísticas que se reproduzcan en ámbitos privados dejarán de pagar por el uso de la propiedad intelectual, es decir, no abonarán más por el uso a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic). No obstante, Sadaic y Aadi-Capif siguen cobrando por pasar música en eventos privados, un costo que terminan pagando los clientes. Hubo un pedido de informes en el HCD.

Después de la oficialización por parte del gobierno nacional de las modificaciones en la normativa que regula el alcance de los aranceles que cobra dicha entidad, desde Sadaic salieron con algunas críticas y aclaraciones.

Según consideraron desde el ente que agrupa a los autores y compositores, el decreto en cuestión tiene una redacción “absolutamente imprecisa” y, por eso, su interpretación es que los salones de fiestas tienen que seguir pagando por pasar música en los eventos.

A partir de ese contrapunto por la interpretación del decreto, según el sector empresario de los salones de fiesta los clientes siguieron pagando el canon porque las entidades de cobro así lo exigen. Quienes contratan los espacios se quejan porque también entienden que ya no deben abonar ese costo, pese a que los inspectores lo piden.

 

Piden información clara para la protección del usuario ante exigencias de pago por parte de SADAIC y AADI CAPIF

Los concejales de Bien Común, Lisandro Delle Donne y Daniel Medina presentaron un pedido de informes oficial al Gobierno Nacional para que a través de la Jefatura de Gabinete se brinden con mayor claridad los alcances del Decreto Nacional Nº 765/24.

“Se busca así evitar incertidumbre respecto de su interpretación en especial en los reclamos por pagos de derechos en caso de la organización de eventos particulares, garantizando el derecho a la información de los interesados”, aseguraron.

"Lo cierto es que luego el anuncio del gobierno, no hubo mayores precisiones sobre cómo hacer cumplir la norma en el territorio, sus alcances concretos y si algún organismo público, provincial o municipal, debe tomar cartas en el asunto si representantes de alguna de las organizaciones conocidas reclaman el pago de derechos" afirmó el concejal Delle Donne.

Desde Bien Común agregaron que son varios los casos de Concejos Deliberantes de todo el País reclamando información y protección a los vecinos ante esta situación y que es importante tener certeza de cuando corresponde o no pagar para evitar abusos en contra de los vecinos y evitar conflictos innecesarios.

"Los planteos sobre los que tomamos nuestro proyecto provienen de concejales de distintos signos políticos y es una medida lógica en pos del resguardo de los vecinos" finalizaron.

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