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Promoverá acciones tendientes a generación y protección del empleo
La Emergencia Laboral pasó a la comisión de Desarrollo
Anoche fue aprobada por mayoría el pase a la comisión de Desarrollo dela declaratoria de la Emergencia Laboral en el distrito por el término de un año, a instancia de un proyecto original de Bien Común y otras propuestas en similar sentido.
La medida promueve gestiones pertinentes ante el Poder Ejecutivo Provincial y Nacional para evitar la efectivización de despidos y o suspensiones en las dependencias locales, incluyendo a aquellos sectores dentro del territorio de Coronel Rosales afectados a la Defensa Nacional, de la administración pública nacional y/o provincial como así también a instancias del sector privado.
"El Departamento Ejecutivo deberá en función de los términos de la ordenanza 3309 remitir trimestralmente a esta sede mediciones estadísticas del mercado laboral local, comunicando las mismas a las autoridades nacionales y provinciales, y difundiendo públicamente tales informes desde la aprobación de la presente, con el objeto de iniciar y promover acciones intersectoriales para la toma de las medidas tendientes a la conservación de los puestos de trabajo rosaleños", indica entre sus resoluciones.
Del mismo modo establece sobre la base de la “Comisión Permanente de Seguimiento de la Situación del Personal Civil de las Fuerzas Armadas, ordenanza 2340 y modificatorias, una mesa extendida de actores vinculados con el trabajo y la producción con la finalidad de analizar y proponer acciones mancomunadas con el Departamento Ejecutivo para gestionar políticas de promoción del empleo así como también medidas tendientes a la conservación de los puestos de trabajo en Coronel Rosales.
Para el caso en que ocurrieran a nivel distrital despidos y/o suspensiones en el ámbito laboral público –de cualquier estamento estatal- o privado, facúltese al Departamento Ejecutivo a eximir, postergar vencimientos, generar planes de pagos especiales, no aplicando lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal vigentes, a las personas cuyos salarios se vean reducidos previa evaluación y acreditación correspondiente de la situación económica de cada uno por parte del Área Social, conjuntamente con la gestión de iniciativas de tipo similar ante las empresas de servicios públicos.
