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Ofrece pago de suma fija y cuotas con una antigüedad de 2 años
El sistema de retiros voluntarios en provincia ya está en vigencia
El sistema de retiros voluntarios optativos para los empleados de la administración pública bonaerense, a quienes el Gobierno provincial ofrece el pago de una suma fija y cuotas a partir de una antigüedad mínima de dos años, ya está en plena vigencia.
A través del decreto 465 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno bonaerense establece que “podrán optar por el retiro voluntario todos aquellos agentes que revisten en las plantas permanentes con estabilidad, que cuenten con una antigüedad de dos años o más e inferior a los 24 años en la administración pública y le faltaren más de cinco años para acceder a un beneficio jubilatorio”.
La medida también contempla que “la Administración podrá denegar la solicitud cuando, a su juicio, el retiro del agente afectare el regular funcionamiento del área o el sector en que se desempeñe” y no abarca al personal policial ni del Servicio Penitenciario.
Según el decreto, el plazo para adherir al programa de retiro será de seis meses contados a partir de hoy, "pudiendo ser prorrogado por igual período por la autoridad de aplicación".
El pago convenido en el retiro se efectuará mediante un sistema de un abono inicial en el momento de la baja y “cuotas mensuales, iguales y consecutivas”.
“Las cuotas a percibir en el momento del cese se calcularán y abonarán en base a la remuneración mensual normal y habitual bruta de cada agente y para las restantes se tomará como base la remuneración mensual normal y habitual neta percibida por cada agente luego de efectuadas las deducciones legales”, consigna la iniciativa.
Para el cálculo, se tomará la mejor remuneración que el agente haya percibido en los seis meses anteriores a la baja, sin contar viáticos, horas extras, aguinaldo y otras remuneraciones no habituales en el pago mensual.
Establece además que quienes adhieran a estos retiros quedarán inhabilitados por cinco años para reincorporarse a un empleo de la “Administración Pública Provincial, incluyendo Entes Autárquicos, Organismos Descentralizados, Fideicomisos o Sociedades en las que el Estado participe como socio mayoritario”.
