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Continúa abierto el conflicto con los chicos en las aulas
En conciliación obligatoria exige el FGDB urgente reunión
El gobierno de María Eugenia Vidal volvió a advertir al sindicato liderado por Roberto Baradel sobre la posible aplicación de una multa que podría llegar a los 600 millones de pesos.
El líder gremial calificó esa advertencia como una “actitud extorsiva para tapar la fuerte adhesión” a la medida de fuerza y para “ocultar el abandono en el que se encuentra hoy la educación pública de la provincia de Buenos Aires”.
“Es ilegal desde todo punto de vista que se cobre una multa al sindicato por adherir a una medida nacional que fue legalmente resuelta y que, vale reiterar, no fue objetada por ninguna autoridad gubernamental”, subrayó.
En rigor, en nuestra ciudad y en Berisso y Ensenada el paro se sintió con fuerza e impidió, como se dijo, que miles de chicos y chicas pudieran volver a la escuela tras las vacaciones de invierno.
Como se sabe, de los integrantes del Frente de Unidad Docente (Feb, Suteba, Sadop, Amet y Udocba), sólo la representación provincial de la Ctera realizó huelga. Los demás acataron la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo.
Fue en ese marco que Baradel expresó: “El Suteba no dejó de cumplir ninguna conciliación, pues esa resolución fue dictada contra el paro de 72 horas lanzado por el Frente de Unidad, y lo que nuestra organización hizo fue sumarse a una decisión de su entidad madre, la Ctera, que implicó paro de 48 horas y movilización”.
En la víspera, docentes porteños y bonaerenses marcharon desde el Congreso hasta la Casa de la Provincia, en la CABA, y al ministerio de Educación de la Nación.
Dirigentes del Suteba resaltaron que “pese a las distintas estrategias de cada organización” del frente gremial bonaerense “ratificamos que sus integrantes seguimos trabajando juntos, en el marco de una unidad inquebrantable, como garantía de la defensa de los trabajadores de la educación y de la escuela pública”.
Por su lado, la titular de la Feb, Mirta Petrocini, remarcó que con la conciliación “el gobierno tiene la obligación de negociar, sin imposiciones ni monólogos ni unilateralidades”. Y explicó: “La realidad institucional de cada gremio es diferente y por eso hubo distintas posiciones. La estructura de la Feb presupone que, en caso de no acatar la conciliación, se ponga en riesgo no sólo a la federación sino también a sus más de 100 entidades de base”.
