JUEVES 25 DE ABRIL DE 2024

Desde el último lunes ya no se cobra peaje sobre la traza concesionada de la RN3, entre Las Flores y Punta Alta, decisión tomada por el gobierno nacional a través del OCOVI, Organismo de Concesiones Viales, de acuerdo al cronograma que habrá de conducir hacia el nuevo esquema que incluirá en el breve plazo la modernización de corredores bajos las formas de autopistas inteligentes, rutas seguras o autovías.

En el trayecto concesionario existían tres puestos de peajes (Tres Arroyos, Azul y Las Flores) administrados por la empresa CV1, quien cesó en la responsabilidad sobre la traza entre los kilómetros 67 y 677.

Del mismo modo otras trazas sobre rutas nacionales han tenido el cese de conseción y finalización del cobro parcial o total de peaje.

Para eliminar o dejar cada una se tomará el estado de la traza. Por caso, las que estén en caminos de doble mano y sin mejoras que justifiquen el canon de tránsito se eliminarán por un tiempo.

Según confiaron fuentes oficiales que conocen el proyecto, esta situación se va a mantener hasta que se termine la obra que, en todos los casos, contempla la construcción de rutas seguras, autopistas o autovías. Recién entonces se volverán a instalar las cabinas.

El boceto se verá dentro de poco más de un mes, cuando se abra una sala para que las empresas interesadas en revisar la propuesta de concesiones futuras puedan hacer las consultas y entregar las consideraciones que necesiten. Cerrado ese data room, se confeccionarán los pliegos de licitación. Los cambios no se limitan a las cabinas. En en el país hay alrededor de 9000 kilómetros de rutas con peajes divididos en nueve concesionarios. Según los planos preliminares, quedarán alrededor de 8000 cuando se hagan cargo las nuevas empresas concesionarias.

Otra de las modificaciones es que las obras se realizarán bajo el programa de Participación Público Privada (PPP), un esquema que está previsto en una ley que se aprobó el año pasado y que es una de las herramientas con las que el Gobierno piensa construir infraestructura.

Los consorcios que se presenten, seguramente, deberán estar integrados al menos por una constructora y un banco que financie la inversión. Presentarán su propuesta para realizar las obras en cada corredor a cambio de un pago.

Aquí empieza la cuestión original del proyecto. A diferencia del esquema que armó el kirchnerismo, donde el dinero lo ponía el fisco y la empresa concesionaria explotaba la vía y mantenía las cuestiones básicas, como el señalamiento y el corte del pasto en las banquinas, en el futuro proyecto el desembolso para la obra lo realizará el privado.

El repago se financiará por dos vías. Por un lado, el consorcio podrá cobrar los peajes que le habilite el Estado. Por el otro, recibirá una compensación que saldrá del Sisvial, un esquema de recaudación que se solventa con una tasa vial que se paga con el precio de cada litro de gasoil que se vende en la Argentina.

Justamente, el que ponga en su propuesta de PPP el número más bajo que requerirá del Sisvial, se quedará con el tramo de ruta nacional por el tiempo que el Organismo de Control de las Concesiones Viales (Occovi) determine.

Las obras en cada uno de los corredores estarán delimitadas en el pliego. Lo seguro es que toda la red de 8000 kilómetros concesionados se convertirá en autopistas, autovías o rutas seguras, una traza más ancha que tiene un tercer carril de sobrepaso para camiones y banquinas asfaltadas.

En la Argentina existen 182.000 kilómetros de rutas, 40.200 de los cuales forman parte de la red vial nacional. Según datos de Ministerio de Transporte, el 85% de los vehículos circulan por sólo 6000 kilómetros, que se centralizan en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Allí se concentrará la mayoría de la inversión futura.

Pasado el data room de septiembre, el Gobierno prevé llamar a licitación antes de fin de año, para terminar el proceso de licitación en abril, cuando vence el emparchado sistema actual. La Argentina tiene desde hace años un sistema de cobro por cabinas en las rutas nacionales que es fuertemente subsidiado y no tiene contratos a largo plazo. Las concesiones actuales, en rigor, no son tales, sino un contrato de obra pública con obligación de mantener la traza. La obra pública nunca se hizo y los peajes quedaron a la deriva. El gobierno de Macri prorrogó dos veces el esquema por un año cada vez y espera desarmar esta estructura precaria en abril próximo.

Hay una cuestión más: los empleados de las cabinas de peaje. Allí se vendrá una fuerte capacitación para que los que dejen de estar en la cabina pasen a prestar otros servicios en el nuevo servicio vial.

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